Derechos Humanos: Desde Nación denunciaron a la Policía Salteña

En una presentación ante la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia acusó a la fuerza provincial de abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que tiene como titular a Horacio César Pietragalla Corti, denunció a las fuerzas de seguridad salteñas que intervinieron en la represión el martes último en los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega. La denuncia quedó asentada este jueves en la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia y es por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio. La delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, María Martínez Morales Miy, recorrió los asentamientos el miércoles y relevó alrededor de 20 testimonios de personas lesionadas tras la represión policial. La funcionaria contó a Salta/12 que vieron muchos heridos pero no todos quisieron hablar por temor a represalias. Manifestó que la policía usó balas de goma y de plomo, además de gas lacrimógeno.

Desde la Secretaría relevaron que el pasado 20 de mayo alrededor de 1.100 familias, aproximadamente 3.000 personas, se encuentran habitando los terrenos fiscales conocidos como “barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega”, debido a la grave crisis habitacional que atraviesa la provincia de Salta. Martínez Morales My sostuvo que la noche del martes fue una represión “violenta e innecesaria”. Los vecinos le relataron que tuvieron que meter en un pozo de tierra a algunos niños y niñas para protegerles de la balacera y el gas lacrimógeno. Ya Yamila Romero, de la Federación de Organizaciones de Base, había contado a Salta/12 que con las madres habían juntado a los niños para refugiarse en un almacén donde incluso dispararon al portón.

También hubo disparos en un merendero donde intentaban resguardarse otras madres con chicos. La delegada manifestó que pudo ver cómo quedaron las carpas agujereadas tras los disparos de la Policía salteña“(las personas) no tenían donde refugiarse”, señaló. Graficó que en los asentamientos hay 7 ingresos y que la Policía fue rodeando a la gente. Habrían intervenido con unas 20 camionetas y furgones.

La funcionaria dijo que pudo hablar con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien le aseguró que no hubo orden judicial para la represión. Las familias fueron denunciadas por el gobierno provincial cuando se produjo la ocupación. El fiscal que intervino primero fue Pablo Paz, quien había dispuesto una mediación entre las partes. El 21 de mayo en la Comisaria Nº 15, se llevó a cabo una audiencia con el fiscal, el auxiliar Diego Villagra, el diputado nacional Juan Emilio Ameri, el comisario Ramón Alejandro Ramos y el delegado de los vecinos, Yuthiel Alderete. El Juzgado de Garantías Nº 3 habría ordenado una medida de no innovar en el terreno. Después la causa pasó al actual fiscal Horacio Córdoba.

Por la directiva de no innovar la Policía permanece en la toma. Martínez Morales Miy informó que denunciaron el control de la fuerza sobre la libertad ambulatoria de quienes están en el asentamiento, que se ven impedidos de entrar y salir, y tienen dificultades para ingresar agua y alimentos.

“Testimonios de varios de los vecinos expresaron que las amenazas e intimidaciones fueron una constante por parte de los uniformados, quienes se referían a los/as vecinos/as de forma despectiva y discriminatoria, burlándose, insultando y en muchas ocasiones llegando a recargar sus armas enfrente de ellos/as a los fines de asustarlos/as y amedrentarlos/as“, expuso de la Secretaría en la denuncia.

Fuente: Página 12

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