Clínicas Privadas colapsadas y repudio al accionar del Gobierno de Sáenz

La Justicia ordenó a los sanatorios no derivar pacientes covid-19 a los hospitales públicos, dando lugar a una demanda judicial de la Provincia. Pero el sector privado de la salud asegura que no “ha especulado jamás con la disposición de camas”.

Una pelea entre el Estado provincial y el sector privado de Salta salió a luz en las últimas horas en el ámbito más delicado y esencial hoy: la salud. En medio de la pandemia y con altas cifras de contagios en la provincia, la Justicia ordenó a las clínicas privadas no derivar pacientes covid-19 con obras sociales a los hospitales públicos, dando lugar así a una demanda judicial del Gobierno de Gustavo Sáenz, ante la negación de algunos sanatorios de atender estos casos.

En una carta abierta dirigida el gobernador de Salta, las clínicas, sanatorios y hospitales privados cuestionaron la presentación judicial de la Provincia. “Esto representaría que Salta sea la única provincia en el país con una determinación gubernamental de este tipo”, manifestaron.

Advirtieron además que “a la fecha, el sistema privado de salud se encuentra prácticamente colapsado por la expansión de la pandemia, lo que se traduce en la ocupación plena de las camas para internación, como también en la saturación de consultas por guardia y por vía telefónica vinculadas con la patología que nos afecta transversalmente”.

Objetaron la demanda del Estado, asegurando que desde el primer momento de la pandemia pusieron toda su “infraestructura a disposición del Gobierno provincial” y salieron al cruce con una queja entre líneas: “los casos vinculados al coronavirus han contado con respuesta eficiente en el servicio de salud privado, el que no ha recibido auxilio económico alguno. Por el contrario, información oficial ha divulgado que el aparato estatal se ha visto beneficiado con la inversión de $2.000.000.000″.

Las clínicas también aseguran que “esta descarga de responsabilidades” solo refleja “una estructura estatal deficitaria”.

De esta manera, el sector privado de la salud advirtió posibles acciones legales, aunque de igual forma señalan que ninguna orden judicial podrá obligar a cambiar una realidad que habla de: “aumento del costo de manera exorbitante en medicamentos, material descartable, oxígeno, la existencia de vacantes de toda la rama del personal de salud abocada a la atención de pacientes con patología COVID-19 y su expansión a niveles con duplicación de la cantidad de contagios prácticamente todas las semanas”.

Fuente: La Gaceta Salta

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